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El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación hasta definir financiamiento

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación hasta definir financiamiento

La norma establece una pensión no contributiva, actualiza aranceles y prevé compensaciones a prestadores, pero su entrada en vigencia quedó postergada por falta de fondos, según lo dispuso el Decreto 681/2025.

El Poder Ejecutivo oficializó la Ley N° 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla por un año más. Entre las principales disposiciones, se contempla la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la inclusión obligatoria de los beneficiarios en el Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas y la implementación de compensaciones económicas de emergencia para los prestadores, calculadas en función de la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados. También se suma un beneficio impositivo para empleadores, que podrán acceder a una eximición parcial de contribuciones patronales durante tres años si incorporan trabajadores con discapacidad en contratos permanentes.

Sin embargo, pese a la promulgación, el Decreto 681/2025 aclaró que la aplicación de la ley queda suspendida hasta que el Congreso asigne partidas específicas en el presupuesto nacional y determine las fuentes de financiamiento. El Gobierno justificó la decisión al sostener que no puede ejecutar gastos sin respaldo presupuestario concreto, en línea con lo establecido por la Ley N° 24.629. Según la estimación oficial, la puesta en marcha integral de la norma implicaría un costo superior a los 3 billones de pesos, equivalente al 0,35% del PBI, cifra que podría aumentar si se amplía el universo de beneficiarios o se extiende la cobertura del Programa Incluir Salud.

Además, el Ejecutivo remarcó que el Congreso sancionó la ley pese a la observación previa del Gobierno y que la falta de financiamiento suficiente incluso pondría en riesgo servicios esenciales como seguridad, justicia o alimentación en unidades penitenciarias. No obstante, mediante la Decisión Administrativa 24/2025 se dispuso una reasignación parcial de partidas: se incrementaron los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se reforzaron recursos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el objetivo de garantizar la actualización de los pagos a prestadores mientras se aguarda la aprobación legislativa de los recursos definitivos.

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