La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de la defensa de la expresidenta y ratificó el monto fijado por el Tribunal Oral, que actualizó el decomiso con el índice de precios al consumidor.
La Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, resolvió que Cristina Fernández de Kirchner deberá reintegrar al Estado $684 mil millones como consecuencia de la condena en la causa Vialidad. El fallo ratificó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2, que había determinado esa cifra aplicando la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) para preservar el valor real de los fondos frente a la inflación.
La defensa de la expresidenta había objetado el criterio utilizado por los peritos de la Corte Suprema, sosteniendo que el decomiso no debía superar los $42.000 millones, de acuerdo con cálculos elaborados con la tasa pasiva promedio del Banco Central. Además, planteó que el proceso correspondía a la justicia civil y comercial federal y que el uso del IPC resultaba “arbitrario” y contrario a precedentes judiciales, como los casos Hotesur y Los Sauces, donde se aplicó otra metodología.
Los magistrados desestimaron esos argumentos y remarcaron que las objeciones no demostraban errores de interpretación normativa ni arbitrariedad. En su resolución, subrayaron que el decomiso constituye una obligación accesoria de la condena penal, respaldada por el Código Penal y los compromisos internacionales de lucha contra la corrupción asumidos por Argentina.
En sus presentaciones, Cristina Kirchner afirmó que no posee bienes vinculados a los hechos investigados ni patrimonios que pudieran considerarse producto de las maniobras adjudicadas. También cuestionó que la cifra se haya fijado “sin debate previo”, lo que, según su visión, vulnera el derecho de defensa y el principio de juez natural. Su abogado, Carlos Beraldi, insistió en que el monto definido resulta “técnicamente inadecuado” y pidió suspender la medida hasta contar con una sentencia firme.
No obstante, la Sala IV declaró abstractos los planteos adicionales de la defensa, incluyendo el pedido de nulidad rechazado por el tribunal oral y la oposición a la denegación del efecto suspensivo del recurso. Con esta decisión, quedó consolidada la obligación de Cristina Kirchner de afrontar el decomiso económico más alto impuesto hasta ahora en un caso de corrupción en Argentina.
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