La investigación sobre supuestos retornos ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad entra en una nueva fase: esta semana se levantará el secreto de sumario, permitiendo a Diego Spagnuolo acceder al expediente y conocer las pruebas en su contra, mientras la Justicia profundiza el análisis de contratos, declaraciones patrimoniales y registros de acceso a countries vinculados a los involucrados.
La Justicia acelera la investigación de presuntas coimas en la ANDIS, enfocándose en los contratos con la droguería Suizo Argentina, proveedora del programa Incluir Salud. Esta nueva fase permitirá a Diego Spagnuolo, removido del cargo el 20 de agosto tras la filtración de audios en los que menciona un esquema de coimas que salpicaría a altos funcionarios, evaluar si se presenta como imputado colaborador, conocido como “arrepentido”. Hasta el momento, el exfuncionario permanece recluido en su domicilio y mantiene silencio público.
El levantamiento del secreto de sumario permitirá revisar con detalle papeles, carpetas y dispositivos electrónicos secuestrados, así como el análisis de la declaración jurada patrimonial de Spagnuolo. Durante un allanamiento a su caja de seguridad en el Banco BBVA, se encontraron 80.000 dólares y 2.000 euros, pese a que había declarado apenas 25.000 dólares al asumir su cargo. Además, se revisarán ingresos a los countries donde residían Spagnuolo y Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo, para determinar visitas de funcionarios, políticos o representantes del sector farmacéutico desde enero de 2024 hasta la fecha.
El expediente busca establecer si existió un sistema de retornos ilegales a cambio de adjudicaciones con supuestos sobreprecios. Suizo Argentina concentró el 22% del volumen de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones. La empresa niega irregularidades y asegura que nunca ofertó con sobreprecios.
La investigación se reforzó con la declaración de Fernando Cerimedo, exasesor libertario, quien ratificó la existencia de un esquema de corrupción en reiteradas ocasiones durante 2024. Cerimedo fue mencionado en los audios filtrados como posible responsable de grabarlos, aunque él niega esa versión. El Gobierno analiza dos hipótesis: que los audios se divulgaron mediante una maniobra junto al empresario de medios Franco Bindi o que los propios grabó Spagnuolo para protegerse.
Allanamientos simultáneos realizados el viernes posterior a la declaración de Cerimedo incluyeron domicilios en los countries Altos de Campo Grande (Pilar) y El Pato (Berazategui). Ese día, los abogados de Spagnuolo —Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze— renunciaron a su defensa, alegando motivos personales, con versiones que van desde cuestiones económicas hasta desconfianza mutua.
Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sigue evaluando contratos observados, sin conclusiones aún, y el Gobierno avanza con una auditoría interna sobre la gestión de Spagnuolo. Alejandro Vilches, nuevo interventor del organismo, espera contar con los primeros resultados en octubre. El decreto 601/2025 ordenó la intervención por 180 días y se oficializó el nombramiento de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo de la ANDIS.
Spagnuolo aún no ha decidido si se presentará como imputado colaborador, aunque su entorno admitía que lo estaba evaluando.
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