Fabiana León y la UIF se opusieron a la propuesta económica de casi 50 imputados que buscaban evitar el proceso judicial, cuyo inicio está previsto para el 6 de noviembre. El Tribunal Oral Federal 7 deberá resolver la situación la próxima semana.
El Tribunal Oral Federal N.º 7 llevó adelante una audiencia virtual en la que se debatió la posibilidad de que un grupo de empresarios y exfuncionarios acusados en la causa Cuadernos quedaran fuera del juicio mediante el pago de sumas millonarias. La fiscal general Fabiana León fue categórica y rechazó la iniciativa, al igual que la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente.
“Esta fiscalía no vende impunidad”, expresó León al pedir a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli que no acepten las propuestas económicas. Algunos de los 38 empresarios implicados llegaron a ofrecer más de 800 millones de pesos, mientras que el exjefe de Gabinete Juan Abal Medina puso sobre la mesa una cifra de 60 millones.
Entre los nombres que buscan un acuerdo económico aparecen figuras como Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Enrique Pescarmona, Rubén Valente, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Sergio Taselli, entre otros. Las ofertas varían desde 10 mil dólares hasta bienes de lujo, como un barco y un departamento en Estados Unidos valuados en 1,5 millones de dólares, ofrecidos por el financista Ernesto Clarens.
El pedido de los acusados se ampara en la figura de “reparación del daño”, prevista en el Código Penal, que extingue la acción penal una vez abonada la suma equivalente al perjuicio causado, sin necesidad de admitir culpabilidad. Sin embargo, la fiscalía remarcó que el mecanismo no resulta aplicable en este caso.
La magnitud del proceso preocupa a las defensas, ya que involucra a 174 imputados, 30 de ellos arrepentidos, 26 calificaciones legales distintas y más de 600 testigos, lo que podría extender el juicio entre 10 y 20 años, incluyendo instancias de apelación y revisión por la Corte Suprema.
La causa, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada bajo la figura de jefa de una asociación ilícita, se originó a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien detalló en cuadernos los supuestos traslados de bolsos con dinero provenientes de sobornos empresariales. Según la instrucción, se detectaron operaciones por 70 millones de dólares, canalizados a través de empresas offshore y utilizados para adquirir propiedades en Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Miami y el Caribe.
El próximo martes, el tribunal retomará la audiencia y deberá resolver si acepta o no el planteo de los empresarios, aunque la postura de la fiscalía y la UIF anticipa un escenario adverso para quienes buscan evitar la exposición pública del juicio.
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