La comisión de Diputados que indaga el caso Libra aprobó un reglamento que obliga a los citados a comparecer. Karina Milei, Guillermo Francos y Manuel Adorni deberán asistir, mientras que el presidente Javier Milei responderá un cuestionario por escrito en un plazo de cinco días.

La oposición en la Cámara de Diputados logró imponer el nuevo reglamento de la comisión investigadora del caso Libra, que establece la obligatoriedad de asistir a todos los convocados. La primera reunión formal, encabezada por su flamante presidente Maximiliano Ferraro, definió además que Javier Milei recibirá un cuestionario que deberá responder por escrito, mientras que su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el vocero Manuel Adorni tendrán que presentarse personalmente.

La diputada Sabrina Selva (UxP), una de las impulsoras, celebró la medida al afirmar que “se termina el silencio y la oscuridad con el caso Libra” y recordó que, si algún funcionario se niega a asistir, la comisión puede requerir el auxilio de la fuerza pública. En la misma línea, destacó que Karina Milei deberá dar explicaciones, sin margen para negarse.

El reglamento fue propuesto por Mónica Frade (Coalición Cívica) y obtuvo el respaldo de 14 legisladores opositores pertenecientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. El oficialismo, en cambio, no pudo unificar postura: once de sus diputados no votaron, dos se abstuvieron y uno —Eduardo Falcone, del MID— se retiró del recinto.

En el cronograma de citaciones también figuran empresarios vinculados a Tech Forum, como Mauricio Novelli, Javier Terrones Godoy y Sergio Morales; Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia; Luis Villanueva, de Procuración General; José Mazzoni, exfuncionario de la OA; Walter Kerr, director de Traducciones de Presidencia; los empresarios Charles Hoskinson y Diógenes Casares; Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores; Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Paul Starc, titular de la UIF; Giselle Castelnuovo, subsecretaria de Asuntos Políticos de Interior; y Ariel Parkinson, especialista en criptomonedas.

Durante la sesión también se mencionó al diputado libertario José Luis Espert, acusado por Rodolfo Tailhade (UxP) de haber promocionado una criptomoneda similar a Libra mientras su cuenta en X era presuntamente hackeada. Tailhade sostuvo que Espert participó de encuentros en Casa Rosada con empresarios involucrados en el caso.

El reglamento otorga a la comisión amplias facultades para requerir documentos, informes y antecedentes, así como convocar a funcionarios y tomar declaraciones testimoniales bajo apercibimiento. Si un funcionario público se niega a comparecer, la comisión podrá solicitar a un juez que ordene su presencia mediante la fuerza pública.

Desde el oficialismo, el diputado Álvaro Martínez (LLA) cuestionó la medida por considerar que invade funciones del Poder Judicial y “ensucia al Gobierno”, en sintonía con las críticas de Silvana Giudici (PRO). Sin embargo, la decisión quedó firme y la comisión trabajará hasta el 11 de noviembre, cuando vence el plazo establecido para avanzar en la investigación parlamentaria.