Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Cámara Alta sancionó el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica que beneficia al Hospital Garrahan. La oposición, sumando al PRO, la UCR y fuerzas provinciales, también derogó cinco decretos del Ejecutivo, consolidando su mayoría frente al oficialismo.

El Senado vivió una jornada adversa para el Gobierno nacional al convertir en ley dos proyectos clave: el financiamiento de las universidades públicas y la declaración de emergencia pediátrica que refuerza los recursos del Hospital Garrahan. Con un resultado de 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, la oposición mostró nuevamente su capacidad de articularse para marcarle límites al presidente Javier Milei, que ya anticipa un eventual veto.

La ley universitaria establece que el Poder Ejecutivo deberá recomponer desde el 1 de enero de 2025 los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas en base a la inflación registrada entre mayo y diciembre de 2024, con actualizaciones bimestrales durante 2025. Además, dispone la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, con un incremento no menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En paralelo, la ley de Emergencia Pediátrica y Residencias declara por dos años la emergencia sanitaria en la atención de la niñez y en las residencias médicas nacionales. El texto establece la recomposición inmediata de salarios del personal y residentes, que deberán alcanzar como mínimo el nivel real de noviembre de 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida representará un gasto anual de alrededor de $133.433 millones.

Durante el debate, las posiciones fueron diversas. El radical Maximiliano Abad advirtió que “gobernar sin Presupuesto es como navegar sin brújula”, mientras que Martín Lousteau defendió la universidad pública como la política estatal que más transforma vidas. Desde Tucumán, Beatriz Ávila resaltó la importancia de la Universidad Nacional como parte de la identidad provincial.

El oficialismo, en cambio, denunció que detrás de la iniciativa había intenciones políticas. “Vienen a romper el Gobierno y no les importa nada más”, lanzó Ezequiel Atauche, quien también acusó a la oposición de “ponerse la careta de la educación” tras recortar fondos. No obstante, varios senadores radicales aclararon en pasillos que el voto a favor no implica querer “quebrar al Gobierno de Milei”.

La oposición consiguió este amplio respaldo gracias a la confluencia de UxP, bloques provinciales y legisladores del PRO y la UCR, entre ellos Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Mónica Silva, Natalia Gadano, José Carambia y Lucila Crexell. En los rechazos se alinearon los libertarios, dos senadores del PRO y Carolina Losada de la UCR.

El resultado reflejó no solo la sanción de dos leyes sensibles para la sociedad, sino también la consolidación de una mayoría parlamentaria que horas antes había logrado la derogación de cinco decretos de Milei. Con este panorama, el presidente queda ante la disyuntiva de vetar las normas, lo que abriría un nuevo capítulo en la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.