La expresidenta presentó un recurso extraordinario para eliminar el uso de la tobillera electrónica y las restricciones de visitas impuestas por la Justicia en la causa Vialidad. También solicitó apartar a tres jueces de la Corte Suprema y que el caso sea resuelto por conjueces.

La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, planteó que el expediente sea tratado por magistrados subrogantes y que, antes de resolver el fondo, se realice el sorteo de conjueces con notificación previa para poder presenciarlo y controlar su legalidad. Este nuevo reclamo se presenta luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 11 de julio, rechazara un pedido similar y ratificara lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2, al considerar que las medidas tienen sustento legal y resultan necesarias para garantizar el cumplimiento de la condena a seis años de prisión.

En su escrito, los abogados sostienen que las restricciones afectan la vida familiar, social y profesional de la exmandataria. Argumentan que la nómina limitada de visitantes impide reuniones con contadores, apoderados, peritos y asesores que la asisten en causas judiciales y tareas administrativas, así como con personas con vínculos de amistad y afecto.

La mayoría de Casación —integrada por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— rechazó los planteos, señalando que eliminar el monitoreo electrónico y el control de visitas desvirtuaría el sentido de la ejecución penal. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia, al considerar que las medidas no están previstas en la normativa y vulneran garantías constitucionales.

En paralelo, la Policía Federal mantiene un vallado frente al domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en el barrio porteño de Constitución, como parte del operativo de custodia.