Universidades ratifican paro nacional mientras continúan las diferencias con el Gobierno por el financiamiento

Los gremios docentes universitarios confirmaron una semana de medidas de fuerza para mediados de junio, mientras las negociaciones entre el Ejecutivo nacional y las casas de estudio siguen sin alcanzar un acuerdo definitivo sobre presupuesto, salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades nacionales y el Gobierno mantienen abiertas las instancias de diálogo para intentar resolver el conflicto presupuestario que atraviesa al sistema de educación superior. Sin embargo, la falta de consenso sobre aspectos clave de la negociación derivó en el anuncio de nuevas protestas por parte de los gremios docentes.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) informó la realización de un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio. Además, se programaron clases públicas y acciones de visibilización en distintos puntos del país, incluyendo actividades frente a los Tribunales de Buenos Aires y jornadas en Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a los rectores de las universidades públicas, continúa las conversaciones con funcionarios nacionales en busca de una salida al conflicto. En las últimas reuniones se registraron avances en materia presupuestaria y salarial, aunque persisten diferencias que impiden cerrar un acuerdo.

La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,3% destinada a compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y mayo de 2026. El esquema prevé una primera actualización del 21,3% durante junio y un 3% adicional en octubre. También incluye la creación de una comisión técnica para analizar las deudas pendientes y la reapertura periódica de las negociaciones paritarias.

A esto se suma un incremento del 50% para las Becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Desde el ámbito universitario consideran que la oferta representa un avance respecto de la situación actual, ya que elevaría los recursos destinados al sector desde el 0,5% hasta aproximadamente el 0,6% del Producto Bruto Interno. No obstante, remarcan que el porcentaje continúa por debajo de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, que fija una meta del 0,75% del PBI.

El principal obstáculo en la negociación gira en torno a la demanda judicial presentada por las universidades para exigir la ejecución de la normativa vigente. El Gobierno condicionó el avance del acuerdo al retiro de esa acción judicial, mientras que las autoridades universitarias sostienen que no están dispuestas a renunciar a esa herramienta legal hasta contar con garantías concretas sobre el financiamiento del sistema.

La controversia también tiene un fuerte componente fiscal. Desde la administración nacional argumentan que la implementación plena de la ley implicaría un impacto económico significativo que pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. La definición sobre este punto quedó ahora bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

En este escenario, las partes continúan dialogando, aunque sin una resolución inmediata a la vista. Mientras tanto, las medidas de fuerza anunciadas por los gremios anticipan nuevas jornadas de protesta en defensa del financiamiento de la educación superior pública.