Amplían denuncias contra Tapia y Toviggino y solicitan nuevas medidas judiciales

El empresario Guillermo Tofoni ratificó ante la Justicia sus acusaciones contra los dirigentes de la AFA y presentó nuevos elementos vinculados a presuntas maniobras financieras, además de insistir con una investigación sobre la evolución patrimonial del presidente de la entidad.

La investigación judicial relacionada con supuestas irregularidades financieras en torno a la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo luego de que el empresario Guillermo Tofoni compareciera ante la fiscalía durante más de tres horas para ampliar y ratificar las denuncias que había presentado previamente.

La nueva presentación apunta contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas, según el denunciante, al movimiento de fondos provenientes de contratos comerciales y patrocinios relacionados con la actividad de la AFA.

De acuerdo con el escrito presentado por Tofoni, existiría un circuito mediante el cual recursos económicos depositados en una empresa vinculada a operaciones comerciales internacionales habrían sido transferidos a una firma radicada en Miami para luego retornar al país en efectivo. El empresario sostiene que parte de esas operaciones se habría realizado a través de financieras ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y que posteriormente el dinero era trasladado hacia distintos destinos relacionados con personas mencionadas en la denuncia.

Además, Tofoni afirmó haber aportado documentación, fotografías y otros elementos que, a su entender, respaldarían la hipótesis investigada. En ese contexto, solicitó que Juan Pablo Beacon y Cristian Brian Prendes sean convocados a declarar por su presunta participación en las operaciones descriptas en la presentación judicial.

La denuncia también incorporó el nombre del financista Diego Pasztor, a quien el empresario señala como un posible participante de las maniobras investigadas. Según el planteo realizado ante la Justicia, existirían conexiones operativas entre las personas involucradas y los lugares donde presuntamente se efectuaban los movimientos de dinero.

Paralelamente, el denunciante insistió con otra causa centrada en un supuesto enriquecimiento ilícito de Tapia. El planteo judicial analiza la evolución de las declaraciones juradas patrimoniales del dirigente entre 2017 y 2025 y cuestiona diferencias entre los bienes declarados, los niveles de liquidez informados y los ingresos registrados durante ese período.

Entre los puntos señalados, Tofoni menciona la incorporación de diversos inmuebles durante los últimos años, el crecimiento de fondos depositados en cuentas bancarias y la posterior desaparición de esos recursos en una declaración patrimonial posterior. A su criterio, existirían inconsistencias que requieren una investigación más profunda para determinar el origen y destino de los activos.

Como parte de las medidas solicitadas, el empresario pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Tapia y de eventuales personas jurídicas vinculadas, además de requerimientos de información a organismos nacionales y provinciales. También solicitó la intervención de la Unidad de Información Financiera para verificar la existencia de reportes de operaciones sospechosas y otras medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del dirigente.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una instancia de investigación y deberán ser analizadas por la Justicia, que determinará el alcance de las medidas probatorias solicitadas y la eventual responsabilidad de las personas mencionadas en las denuncias.