El Ejecutivo avanza en la revisión final de una iniciativa que busca incorporar el sistema de juicio por jurados en determinados delitos federales. La propuesta forma parte de un paquete más amplio de cambios judiciales y legislativos que el Gobierno pretende impulsar durante los próximos meses.
La agenda legislativa del Gobierno suma un nuevo capítulo con la inminente presentación de un proyecto destinado a introducir el juicio por jurados en el ámbito federal. Según fuentes oficiales, el texto atraviesa las últimas etapas de análisis técnico y jurídico antes de ser remitido al Congreso para su tratamiento parlamentario.
La iniciativa fue revisada por distintas áreas del Ejecutivo y actualmente se encuentra bajo evaluación final de los equipos encargados de los aspectos legales y normativos. En la Casa Rosada consideran que el proyecto se encuentra prácticamente concluido y que su presentación podría concretarse en el corto plazo.
La propuesta retoma una idea que había sido incluida en una versión anterior de la Ley Bases, aunque posteriormente quedó fuera del debate legislativo. Entre sus principales características contempla la participación de ciudadanos en procesos penales vinculados a delitos de mayor gravedad dentro de la órbita federal.
De acuerdo con los lineamientos que trascendieron, el esquema prevé jurados integrados por doce miembros titulares y suplentes, con representación equilibrada entre hombres y mujeres. Además, un juez profesional tendría la responsabilidad de conducir el desarrollo de las audiencias y garantizar el cumplimiento de las normas procesales.
El avance de esta reforma coincide con una etapa de intensa actividad vinculada al sistema judicial. El oficialismo busca ordenar el tratamiento de diversas iniciativas pendientes en el Congreso y, al mismo tiempo, continuar con el proceso de cobertura de vacantes en tribunales de distintas jurisdicciones del país.
En ese contexto, el Gobierno tiene previsto remitir nuevos pliegos judiciales al Senado durante las próximas semanas. Los expedientes estarán vinculados principalmente a cargos en fueros civiles, comerciales y de familia, con el objetivo de sostener el ritmo de designaciones y reducir la cantidad de puestos vacantes en la Justicia.
La discusión judicial también continúa atravesada por la situación de María Verónica Michelli, cuya candidatura obtuvo acuerdo del Senado. Sin embargo, en ámbitos oficiales consideran que aún no existe una definición sobre la firma del decreto que formalizaría su nombramiento.
Paralelamente, el Ejecutivo trabaja en otros proyectos de relevancia institucional, entre ellos una reforma integral del Código Penal, modificaciones en materia de defensa de la competencia y un paquete de desregulación económica que incluye cambios en sectores como transporte, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales.
Con varias iniciativas en proceso de elaboración y revisión, el Gobierno busca definir un cronograma legislativo que le permita avanzar con reformas consideradas estratégicas, evitando la superposición de debates y procurando construir consensos para su tratamiento parlamentario.
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