El Gobierno propuso más fondos para universidades y una mejora salarial, pero no logró cerrar un acuerdo

Representantes del Ejecutivo nacional y autoridades universitarias mantuvieron una reunión para intentar destrabar el conflicto presupuestario que afecta al sistema de educación superior. Aunque hubo avances en materia salarial y de financiamiento, las negociaciones no prosperaron por desacuerdos vinculados a una demanda judicial en trámite.

Luego de semanas marcadas por reclamos y movilizaciones en defensa del financiamiento universitario, funcionarios nacionales y rectores de distintas casas de estudio retomaron el diálogo con el objetivo de alcanzar una salida al conflicto que enfrenta al sector con el Gobierno.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Durante la reunión se analizaron distintas alternativas para recomponer los recursos destinados al sistema universitario y mejorar la situación salarial de docentes y trabajadores.

La propuesta oficial incluyó una actualización salarial acumulada del 24,3%, destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo registrada entre 2024 y la actualidad. El esquema planteado prevé una primera mejora del 21,3% a partir de junio y un complemento del 3% en octubre.

Además, el Ejecutivo propuso crear una comisión técnica para revisar cuestiones pendientes relacionadas con el financiamiento del año 2024 y establecer un mecanismo de negociación paritaria trimestral que permita discutir futuras actualizaciones salariales de manera periódica.

La oferta también contempló un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% en las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y la asignación de un fondo extraordinario de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios.

En paralelo, las autoridades académicas esperan que el Gobierno convoque a una instancia de discusión para definir la distribución de más de 79.000 millones de pesos destinados a hospitales universitarios, recursos cuya falta de actualización había generado preocupación por el sostenimiento de servicios esenciales de atención médica.

Si bien desde el ámbito universitario consideraron que la propuesta representaba un avance significativo y la calificaron como razonable, las conversaciones quedaron estancadas debido a una condición impuesta por el Ejecutivo: el retiro de la demanda judicial presentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Dicha legislación establece mecanismos de actualización para salarios y becas en función de la evolución de la inflación y contempla recursos que, según estimaciones universitarias, rondan los 2,5 billones de pesos. Desde el Gobierno sostienen que la aplicación plena de esa norma comprometería el equilibrio fiscal que busca mantener la administración nacional.

Las autoridades universitarias rechazaron de plano la posibilidad de desistir de la acción judicial. Argumentaron que el proceso representa una garantía institucional para resguardar los derechos del sistema universitario y señalaron que no existe consenso dentro de la comunidad académica para abandonar ese reclamo.

Desde el CIN remarcaron que la existencia de una propuesta económica demuestra que existen herramientas para avanzar hacia una solución negociada. Sin embargo, insistieron en que cualquier entendimiento debe concretarse sin renunciar a las acciones legales ya iniciadas.

Por su parte, fuentes oficiales consideraron que la postura de las universidades dificulta la construcción de consensos y advirtieron que mantener abierta la vía judicial podría prolongar un conflicto que ambas partes aseguran querer resolver.

A pesar de las diferencias, tanto el Gobierno como los rectores coincidieron en que las conversaciones continuarán en los próximos días. El objetivo será encontrar un punto de equilibrio que permita garantizar el funcionamiento del sistema universitario sin abandonar las metas económicas fijadas por la administración nacional.