La Cámara Alta celebrará una sesión con una agenda cargada que incluye la aprobación de decenas de pliegos judiciales, una reforma vinculada a la protección de la propiedad privada y la ratificación de un acuerdo con acreedores externos. La situación de la jueza María Verónica Michelli será analizada en una próxima convocatoria.

Con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al frente del debate, el Senado pondrá este jueves en consideración una serie de iniciativas impulsadas por el oficialismo que abarcan cuestiones judiciales, económicas e institucionales. Entre los temas más relevantes figuran la designación de magistrados federales, cambios en la legislación sobre propiedad privada y la validación de un entendimiento alcanzado con acreedores internacionales.

La discusión sobre el pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, quedó fuera del temario principal. No obstante, la Cámara recibirá formalmente el pedido del presidente Javier Milei para retirar esa postulación, aunque la definición sobre el asunto se trasladará a una sesión prevista para la próxima semana.

La decisión busca descomprimir una controversia que generó diferencias dentro de La Libertad Avanza. El conflicto se hizo visible luego de que la senadora Patricia Bullrich expresara su desacuerdo con el retiro del pliego y manifestara su disposición a dejar la conducción del bloque oficialista. La situación generó preocupación dentro del espacio libertario, aunque posteriormente se abrió una instancia de negociación política que permitió postergar la discusión.

En materia judicial, el Senado avanzará con el tratamiento de 50 nombramientos para distintos cargos en la Justicia Federal, todos ellos con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. Otros 23 pliegos quedarán pendientes para futuras sesiones, entre ellos algunos que despertaron cuestionamientos por supuestos vínculos políticos o deportivos.

Dentro del listado de postulantes que serán sometidos a votación figuran Emilio Rosatti, propuesto para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe e hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Laureano Durán, Juan Pablo Moldes, Javier Arzubi Calvo y Ana María Juan, entre otros candidatos para diferentes dependencias judiciales del país.

Otro de los puntos centrales será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por el Ministerio de Desregulación. La iniciativa contempla modificaciones en distintas normas relacionadas con expropiaciones, desalojos, regularización dominial y adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Entre los cambios propuestos se establece que las indemnizaciones por expropiación se calcularán sobre el valor de mercado y los daños directos comprobables, dejando de lado conceptos vinculados a ganancias futuras o valoraciones subjetivas. Además, se prohíbe la transferencia de propiedades sin el pago total previo y se fijan límites temporales para las ocupaciones transitorias.

El proyecto también introduce reformas en la Ley de Manejo del Fuego y endurece las condiciones para la ocupación irregular de terrenos, con el argumento de fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la protección de los derechos de propiedad.

La agenda legislativa se completará con la consideración del acuerdo alcanzado entre el Estado argentino y acreedores que permanecían fuera de los distintos procesos de reestructuración de deuda posteriores al default de 2001. El entendimiento prevé desembolsos por 171 millones de dólares para cerrar litigios que aún se mantenían abiertos en tribunales de Estados Unidos.

Según lo pactado, el fondo Bainbridge recibirá 67 millones de dólares, mientras que el grupo de acreedores liderado por Attestor percibirá 104 millones. La aprobación parlamentaria permitirá formalizar el acuerdo y avanzar hacia el cierre definitivo de causas judiciales vinculadas con títulos emitidos antes de enero de 2002.

Desde el oficialismo consideran que la ratificación del entendimiento contribuirá a reducir la exposición del país a nuevos reclamos judiciales y consolidará una estrategia orientada a normalizar la situación financiera heredada de la crisis de comienzos de siglo.