La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados y propone crear un régimen de “muerte voluntaria médicamente asistida”, que incluye la eutanasia y el suicidio asistido bajo estrictos requisitos médicos y legales.

Un nuevo proyecto legislativo volvió a instalar el debate sobre la eutanasia en la Argentina. La propuesta fue impulsada por el diputado socialista Esteban Paulón y busca reconocer el derecho de las personas a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida en situaciones de enfermedades graves, incurables o padecimientos irreversibles que generen sufrimiento constante.

La iniciativa, denominada “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”, contempla tanto la eutanasia como el suicidio asistido. En el primer caso, el procedimiento sería realizado directamente por un profesional de la salud, mientras que en el segundo sería el propio paciente quien se administraría la medicación indicada por el médico.

El proyecto establece que el acceso a estas prácticas debería incorporarse al sistema sanitario con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga, sin costos adicionales para los pacientes.

Entre los requisitos previstos, la propuesta indica que podrán solicitar el procedimiento las personas mayores de 16 años, argentinas o residentes permanentes, que atraviesen una enfermedad grave e irreversible o un padecimiento crónico imposibilitante certificado por profesionales médicos.

Además, el texto señala que la decisión deberá manifestarse de manera libre, informada y voluntaria, sin presiones externas. Para ello, se exigirían dos solicitudes separadas por un plazo mínimo de 15 días y se garantizaría la posibilidad de revocar el pedido en cualquier momento.

La iniciativa también prevé la participación de distintos profesionales de la salud durante el proceso. Intervendrían un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. Asimismo, una Comisión de Evaluación y Garantías tendría que autorizar cada procedimiento antes de su realización.

Otro de los puntos centrales del proyecto es que obliga al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos, planteando a la asistencia médica para morir como una instancia excepcional dentro del proceso final de vida.

En relación con la objeción de conciencia, el texto reconoce el derecho individual de médicos y profesionales a negarse a participar del procedimiento. Sin embargo, aclara que las instituciones sanitarias no podrán rechazar la práctica por razones ideológicas o religiosas.

La propuesta también incorpora modificaciones en el Código Penal, estableciendo que no será punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o muerte asistida cumpliendo todos los requisitos previstos por la ley.

Además, se plantean cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para habilitar directivas anticipadas relacionadas con la asistencia médica para morir.

En los fundamentos del proyecto, Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía de las personas sobre el final de su vida y evitar sufrimientos incompatibles con la dignidad humana. El legislador también menciona antecedentes internacionales y experiencias de países donde la eutanasia ya cuenta con regulación legal, como España, Bélgica, Canadá, Colombia y Países Bajos.

Actualmente, en la Argentina existen normas vinculadas al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan contemplados dentro de las figuras penales vigentes.

En el Congreso ya fueron presentadas distintas iniciativas similares en los últimos años, aunque ninguna logró avanzar hasta el recinto. Según expresó Paulón, el debate podría reunir apoyos transversales entre distintos bloques políticos, aunque reconoció que habrá sectores que mantendrán una fuerte oposición al proyecto.