La administración nacional remitió al Senado una nueva nómina de candidatos para ocupar cargos en la Justicia federal, tribunales nacionales, fiscalías y defensorías públicas. El proceso forma parte de la estrategia oficial para reducir el número de vacantes en el sistema judicial.
El Poder Ejecutivo dio un nuevo paso en el proceso de renovación y cobertura de cargos judiciales al enviar al Senado un paquete de 45 postulaciones para distintos organismos de la Justicia. La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia encabezado por Juan Bautista Mahiques.
La nueva tanda de pliegos incluye aspirantes a juzgados federales, cámaras de apelaciones, tribunales orales, fiscalías y defensorías oficiales en diferentes puntos del país. Se trata del tercer envío de candidatos realizado por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de la gestión.
Entre los cargos federales aparecen propuestas para tribunales de Buenos Aires, Rosario, Salta, Tucumán, Mar del Plata, Jujuy y Resistencia. También fueron incluidos candidatos para cámaras nacionales y tribunales orales con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dentro de las postulaciones se encuentran nombres vinculados a juzgados federales estratégicos y cámaras de apelación con fuerte peso institucional. El listado abarca además designaciones para el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
En el área de fiscalías federales, el Gobierno propuso candidatos para cargos en Córdoba, Mendoza, Corrientes y Resistencia, mientras que para las defensorías públicas se incluyeron postulaciones destinadas a tribunales federales y orales de distintas jurisdicciones.
El proceso continuará ahora en el Senado, donde los aspirantes deberán atravesar el análisis de la Comisión de Acuerdos antes de llegar al recinto para su votación. A diferencia de las designaciones para la Corte Suprema, estos nombramientos requieren mayoría simple para ser aprobados.
La administración nacional busca acelerar la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, donde actualmente existe un elevado porcentaje de cargos sin ocupar. Según estimaciones oficiales y judiciales, más de un tercio de los puestos permanece vacante, situación que genera preocupación por el funcionamiento del sistema.
En sectores judiciales advierten que el número de vacantes podría incrementarse en los próximos meses si no se agilizan los mecanismos de designación. La situación también afecta al Ministerio Público Fiscal, uno de los organismos con mayor cantidad de cargos pendientes de cobertura.
Desde el oficialismo consideran que la normalización de las estructuras judiciales es una prioridad institucional y sostienen que existe un atraso acumulado de varios años en los procesos de nombramiento de jueces, fiscales y defensores públicos.
La decisión del Gobierno se produce además en un contexto de fuerte debate político y judicial sobre el funcionamiento de los tribunales federales y la necesidad de reforzar áreas sensibles vinculadas a investigaciones complejas y causas de alto impacto institucional.