Adorni negó vínculos entre Milei y el proyecto Libra y cuestionó filtraciones judiciales

El jefe de Gabinete rechazó que el Presidente haya firmado acuerdos con el creador del criptoactivo y aseguró que no existen registros oficiales de transferencias ni beneficios económicos.

Durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió a cuestionamientos sobre el proyecto de la criptomoneda Libra y descartó cualquier tipo de acuerdo entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Mark Davis.

El funcionario sostuvo que, tras revisar los registros de la Administración Pública Nacional, no se encontraron documentos, contratos ni constancias que acrediten vínculos formales entre autoridades nacionales y los impulsores del proyecto.

Adorni negó contrato de Milei con Libra

En su exposición, también rechazó la existencia de borradores, cartas de intención o cualquier tipo de documento que sugiera compromisos económicos, pagos o beneficios relacionados con la iniciativa.

Además, indicó que muchas de las versiones difundidas se basan en filtraciones parciales de una causa judicial en trámite, cuya veracidad no pudo ser confirmada. En ese sentido, cuestionó que se utilicen esos datos como base para consultas oficiales.

Información bajo reserva judicial

Adorni explicó que parte de la información solicitada por los legisladores no puede ser divulgada debido a que se encuentra bajo secreto judicial. La causa vinculada al criptoactivo Libra tramita en la Justicia federal y su difusión podría afectar el desarrollo de la investigación.

Asimismo, remarcó que no existen registros sobre transferencias, honorarios o contraprestaciones vinculadas a funcionarios, y aclaró que cualquier dato adicional deberá ser determinado por la Justicia.

Medidas adoptadas y carácter del proyecto

El informe también detalló las acciones tomadas por el Gobierno tras el caso, entre ellas la creación de una unidad de investigación específica y la intervención de la Oficina Anticorrupción. Además, se mencionó una investigación de la Comisión Nacional de Valores que fue archivada tras concluir su análisis.

En relación al origen del proyecto, el Ejecutivo subrayó que se trató de una iniciativa privada sin aval ni respaldo estatal, y que el Gobierno no cuenta con información oficial sobre su funcionamiento o financiamiento.

Finalmente, desde la Jefatura de Gabinete reafirmaron la disposición a colaborar con la Justicia y señalaron que será el ámbito judicial el encargado de determinar responsabilidades.