El Senado acelera el acuerdo con bonistas y abre el debate por la reforma de Salud Mental

Mientras la atención política se concentra en la exposición de Manuel Adorni en Diputados, la Cámara Alta se prepara para tratar dos iniciativas centrales para el Gobierno: el entendimiento con acreedores externos y la modificación del marco legal de Salud Mental.

En paralelo al movimiento en la Cámara de Diputados, el Senado comienza a perfilar una agenda propia con proyectos considerados prioritarios por el oficialismo. Entre ellos, sobresale el avance del acuerdo con bonistas que quedaron fuera de anteriores reestructuraciones y el inicio del tratamiento de una nueva reforma de la Ley de Salud Mental.

El proyecto vinculado a la deuda apunta a habilitar un mecanismo de pago para acreedores que no participaron de los canjes, con el objetivo de cumplir fallos internacionales y evitar nuevos conflictos judiciales. Si bien la intención inicial era aprobarlo antes de fin de abril, el debate en el recinto se trasladará a la primera semana de mayo, antes de su posterior envío a Diputados.

Desde el oficialismo buscan acelerar los tiempos parlamentarios. En ese marco, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía avanzará con el dictamen que permitirá tratar la iniciativa. El texto contempla la autorización para cancelar aproximadamente 171 millones de dólares, distribuidos entre distintos fondos con sentencias firmes contra el país.

El acuerdo fue sellado en tribunales de Nueva York, donde se establecieron los montos a pagar a los acreedores. Entre ellos, se incluyen desembolsos diferenciados: un pago único en efectivo para uno de los fondos y otro esquema destinado a un segundo grupo de bonistas.

Por otra parte, el Ejecutivo impulsó una actualización de la normativa de Salud Mental vigente, a 15 años de su sanción. La propuesta busca ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, incluyendo la posibilidad de internaciones involuntarias bajo criterio profesional en situaciones específicas.

Según los fundamentos oficiales, el objetivo es adaptar la legislación a las demandas actuales, mejorar la intervención en contextos críticos y unificar criterios que eviten vacíos en la actuación estatal. El proyecto también introduce modificaciones en normas complementarias y en el Código Civil y Comercial.

En el plano político, el oficialismo refuerza su estrategia de coordinación legislativa. Senadores de distintos bloques mantuvieron reuniones con el ministro de Economía, donde se abordaron demandas de las provincias, especialmente vinculadas a obras públicas y desarrollo regional, sin perder de vista la meta de equilibrio fiscal que guía la política económica nacional.