Un amparo judicial fue presentado contra el Estado nacional para exigir la restitución del acceso a periodistas acreditados en la Casa Rosada, tras la cancelación de sus permisos de ingreso.
En las últimas horas se impulsó una acción de amparo ante la Justicia para que se habilite nuevamente el acceso de periodistas acreditadas a la Casa Rosada, luego de que se les impidiera ingresar al edificio donde funciona la sede del Poder Ejecutivo nacional.
El planteo judicial solicita una medida cautelar inmediata para que dos profesionales de prensa puedan retomar sus tareas habituales de cobertura oficial. Según se indicó, ambas contaban con acreditación permanente y cumplían funciones desde hace años en Balcarce 50.
De acuerdo con la presentación, el 23 de abril las periodistas intentaron ingresar como lo hacían normalmente, pero personal de seguridad les informó que sus huellas digitales ya no figuraban en el sistema, por lo que no pudieron entrar.
En el escrito se cuestiona la decisión oficial y se la califica como una medida “ilegítima y arbitraria”. Además, se señala la responsabilidad de distintas áreas del Gobierno vinculadas al control de accesos y a la comunicación institucional, entre ellas Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y Casa Militar.
La demanda sostiene que la restricción vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y la igualdad ante la ley. También remarca que la situación impacta en el acceso de la ciudadanía a información pública sobre los actos de gobierno.
En la presentación se menciona que las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano se encontraban debidamente registradas y con los requisitos administrativos al día para conservar sus acreditaciones.
Como antecedente, se citaron declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien explicó públicamente que la quita de huellas dactilares a periodistas acreditados respondió de manera preventiva a una denuncia por supuesto espionaje ilegal.
El reclamo judicial también incorpora pronunciamientos de entidades periodísticas como FOPEA y ADEPA, que expresaron preocupación por las restricciones impuestas al trabajo de la prensa en la Casa Rosada.
Finalmente, el amparo pide que se declare la inconstitucionalidad de la medida y que se restablezcan las acreditaciones para garantizar la cobertura periodística en uno de los principales ámbitos institucionales del país.