La Justicia puso en marcha la ejecución de un conjunto de inmuebles, empresas y activos vinculados a la expresidenta y su entorno para recuperar cerca de $685 mil millones por el perjuicio al Estado.

El proceso de recuperación de activos en la causa Vialidad dio un paso clave con la activación del decomiso de bienes vinculados a los condenados. La medida alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez, entre otros implicados.

En esta etapa, se avanzó sobre un primer grupo de propiedades, en su mayoría ubicadas en la provincia de Santa Cruz, donde se concentra gran parte del patrimonio bajo análisis judicial. Las ciudades de El Calafate y Río Gallegos aparecen como los principales focos, con terrenos, viviendas y complejos turísticos adquiridos entre los primeros años del 2000 y la década siguiente.

Entre los activos más relevantes figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los emprendimientos más emblemáticos vinculados a la familia Kirchner. El complejo está asentado sobre varios lotes, algunos de ellos compartidos entre los hijos de la exmandataria, y forma parte del paquete de bienes alcanzados por la medida judicial.

También se identificaron extensos terrenos en El Calafate, algunos adquiridos en 2007, que incluyen superficies de gran tamaño y que, en ciertos casos, fueron objeto de operaciones de intercambio con empresas ligadas a Báez. Estas maniobras permitieron ampliar predios estratégicos destinados a desarrollos inmobiliarios y turísticos.

En paralelo, el listado incluye propiedades urbanas en Río Gallegos, como complejos de departamentos vinculados a operaciones inmobiliarias realizadas a través de fideicomisos. Varias de estas unidades fueron posteriormente transferidas a los hijos de la expresidenta, junto con otros bienes y participaciones societarias.

La investigación determinó que una parte significativa del patrimonio fue cedida en 2016, aunque el tribunal consideró que esas transferencias no alteran el origen de los fondos con los que fueron adquiridos. Por ese motivo, resolvió incluirlos dentro del decomiso.

Además de los bienes personales, la medida alcanza activos de empresas relacionadas con Báez, como constructoras y firmas del sector, que podrían ser ejecutados en caso de que los bienes principales no cubran el monto fijado por la Justicia.

El objetivo de esta etapa es recuperar una suma cercana a los $684.990 millones, considerada como el daño económico provocado al Estado. Los jueces remarcaron que el decomiso es una herramienta fundamental para que las condenas tengan un efecto concreto y no queden solo en el plano simbólico.

Una vez efectivizada la incautación, los bienes quedarán bajo administración de la Corte Suprema de Justicia, que podrá disponer su subasta o asignación con fines de reparación social, especialmente en las zonas más afectadas.

Por la magnitud del patrimonio involucrado, la cantidad de inmuebles y el volumen económico en juego, se trata de uno de los procesos de decomiso más relevantes registrados en la historia judicial argentina.

PH: Agustina Ribó – TN