El juez Daniel Rafecas desestimó el pedido de nulidad presentado por la defensa y validó la investigación por denuncias de Fabiola Yañez, dejando el expediente en su tramo final.
El expediente judicial que involucra al expresidente Alberto Fernández por denuncias de violencia de género dio un paso clave en su avance procesal, luego de que la Justicia rechazara un planteo presentado por su defensa. La resolución despeja el camino para que la causa sea elevada a juicio oral en los próximos pasos.
La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien consideró que no existían motivos suficientes para invalidar lo actuado durante la investigación. De esta manera, el magistrado convalidó el proceso y descartó los argumentos que buscaban frenar el avance del expediente.
El planteo defensivo había apuntado a cuestionar la actuación del juez Julián Ercolini, quien intervino en etapas previas del caso. Según la estrategia del exmandatario, existían irregularidades que justificaban la nulidad de las pruebas recolectadas, bajo el argumento de una supuesta falta de imparcialidad. Sin embargo, Rafecas sostuvo que el apartamiento del magistrado no implicaba defectos en la investigación ni afectaba la validez de las actuaciones.
En línea con esta postura, el fiscal Ramiro González ya había rechazado el pedido al considerar que la nulidad debe aplicarse solo en situaciones excepcionales y cuando exista un perjuicio concreto. Además, remarcó la necesidad de evitar retrocesos en casos vinculados a violencia de género.
La causa investiga hechos denunciados por Fabiola Yañez, quien sostuvo haber sido víctima de distintos tipos de violencia a lo largo de varios años. Según el expediente, se habrían registrado episodios de maltrato psicológico, hostigamiento y situaciones de violencia física en un vínculo marcado por una desigualdad de poder.
El período bajo análisis abarca desde 2016 hasta 2024, incluyendo momentos previos a la presidencia de Fernández, su paso por el Ejecutivo y el tiempo posterior a su gestión. La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento del exmandatario, al considerar que existían elementos suficientes para sostener las acusaciones.
Con esta última resolución, el caso queda en condiciones de ser elevado a un tribunal oral, donde se determinará la eventual responsabilidad penal del exjefe de Estado. De acuerdo con la calificación vigente, los delitos investigados contemplan penas que podrían ir de tres a 18 años de prisión.