El Gobierno prepara su defensa ante la Justicia por el viaje de Adorni a Punta del Este

La Casa Rosada avanza en la recopilación de pruebas para responder al requerimiento del juez Ariel Lijo por el viaje de Manuel Adorni a Uruguay, mientras crecen las tensiones internas y la causa judicial suma nuevas medidas para determinar cómo se financió el traslado.

El Ejecutivo nacional intensifica la recolección de información para cumplir con el pedido del magistrado Ariel Lijo, quien investiga las condiciones del viaje que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este junto a su familia. Desde el Gobierno aseguran que enviarán todos los registros solicitados con el objetivo de esclarecer los detalles del traslado.

Entre los documentos que se preparan figuran grabaciones de cámaras de seguridad aeroportuarias, informes administrativos, planes de vuelo requeridos a organismos como la ANAC, registros de movimientos en hangares y documentación vinculada a la facturación del viaje. Además, se prevé que en las próximas etapas se sumen declaraciones testimoniales para reconstruir el recorrido completo.

En paralelo, la investigación judicial avanza sobre aspectos clave del financiamiento. El juez dispuso levantar el secreto fiscal de empresas y particulares vinculados al caso, y solicitó información bancaria para seguir la trazabilidad del dinero. Según consta en el expediente, el vuelo de ida tuvo un costo de 4.830 dólares, mientras que el regreso integró un paquete de vuelos valuado en más de 42.000 dólares.

Dentro del oficialismo, el episodio reavivó diferencias sobre cómo encarar la crisis. Mientras un sector promueve confrontar políticamente con la oposición y redirigir el foco hacia otras causas judiciales, otro espacio considera necesario bajar el nivel de exposición hasta que disminuya la polémica. En ese contexto, cerca del presidente Javier Milei reconocen que Adorni continúa en su cargo, aunque admiten cuestionamientos internos por la forma en que se manejó la comunicación del caso.

La causa se originó a partir de denuncias impulsadas por legisladores nacionales y podría unificarse con otras presentaciones en trámite que incluyen cuestionamientos patrimoniales. Mientras tanto, en la Casa Rosada siguen de cerca cada movimiento judicial y buscan sostener la gestión con una agenda legislativa activa, en medio de un escenario político atravesado por tensiones y estrategias contrapuestas.