Piden rechazar el sobreseimiento de Tapia y Toviggino en la causa por retención de aportes

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá sostuvo que la AFA debía cumplir con el pago de impuestos retenidos y cuestionó los argumentos de la defensa en la investigación por $19.300 millones.

Un nuevo pronunciamiento judicial complica la situación de los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino en la causa que investiga la retención de fondos destinados al fisco. El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó en contra de cerrar el expediente y pidió que continúe el proceso.

El planteo apunta directamente al presidente de la entidad, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos, quienes habían solicitado el sobreseimiento bajo el argumento de que no existió delito debido a que las deudas fiscales no eran exigibles en ese momento.

Sin embargo, el fiscal consideró que la existencia de resoluciones que suspenden la ejecución de deudas no elimina la obligación de pago ni modifica los plazos legales establecidos. En ese sentido, remarcó que la falta de cumplimiento en tiempo y forma configura un incumplimiento, más allá de cualquier medida administrativa que postergue acciones de cobro.

La investigación se centra en la presunta retención indebida de aproximadamente $19.300 millones correspondientes a impuestos como IVA, Ganancias y aportes patronales, acumulados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Además de Tapia y Toviggino, también están imputados el gerente general Gustavo Lorenzo, el secretario general Cristian Malaspina y el exsecretario Víctor Blanco. Todos fueron citados a indagatoria bajo la figura de apropiación indebida de tributos, un delito que contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

Las defensas sostienen que las disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y del Ministerio de Economía impedían avanzar con la ejecución de deudas contra asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que, a su entender, invalidaría la acusación.

No obstante, esa postura ya había sido rechazada en primera instancia por el juez Diego Amarante, y ahora el dictamen del fiscal refuerza la continuidad del proceso en la instancia de apelación.

Con este escenario, la Cámara deberá resolver si hace lugar al pedido de los imputados o si confirma la postura del Ministerio Público, lo que implicaría que la causa siga su curso judicial.