PH LA NACIÓN

El Juzgado Federal de Río Gallegos rechazó la apelación del fiscal por haberse presentado fuera de plazo y ahora será la Cámara Nacional Electoral la que determine si la expresidenta, condenada en la causa Vialidad, queda habilitada para votar en el próximo comicio.

El Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de la jueza subrogante Mariel Borruto, desestimó la apelación presentada por el fiscal Julio César Zárate contra la inclusión de Cristina Kirchner en el padrón electoral para las elecciones legislativas de octubre, debido a que el recurso fue presentado fuera de término. De esta forma, la responsabilidad de decidir si la expresidenta podrá votar queda en manos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), integrada por Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.

Esta instancia había solicitado previamente la exclusión de Kirchner del padrón tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema. Sin embargo, la jueza Borruto declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal y Electoral que inhabilitan automáticamente a las personas condenadas con penas superiores a tres años de prisión, apoyándose en precedentes como el Caso Zelaya y en principios constitucionales y tratados internacionales que protegen el derecho al voto como un derecho humano fundamental.

El fallo de la jueza también hizo hincapié en la importancia de la igualdad, la dignidad humana y el principio de resocialización, fundamentales para la protección de los derechos políticos. No obstante, la Cámara Nacional Electoral ha señalado que la inhabilitación automática puede ser válida en casos de delitos graves, tales como lavado de activos, narcotráfico, malversación de fondos o corrupción, delitos por los cuales la expresidenta fue condenada.

En definitiva, la decisión final sobre la habilitación o exclusión de Cristina Kirchner del padrón electoral para votar en las próximas elecciones legislativas dependerá de la resolución de la Cámara Nacional Electoral, en un caso que conjuga aspectos legales y derechos políticos con fuerte repercusión pública y política.