La Casa Rosada respaldó la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel y reiteró que el líder supremo iraní estaba imputado por el atentado de 1994 en Buenos Aires. Cancillería insistió en que la búsqueda de justicia es una política de Estado.
Tras la confirmación del fallecimiento del ayatolá Ali Jamenei, el Ejecutivo nacional difundió un comunicado en el que manifestó su apoyo a la operación conjunta llevada adelante por Estados Unidos e Israel. En el texto oficial se vinculó al dirigente iraní con el atentado perpetrado contra la AMIA el 18 de julio de 1994.
Desde la Casa Rosada señalaron que la acción militar se dirigió contra una figura a la que responsabilizan por décadas de violencia y sostuvieron que sus decisiones impactaron tanto en la población iraní como a nivel internacional. En ese marco, remarcaron que el ataque a la mutual judía en la Ciudad de Buenos Aires —que dejó 85 muertos y cientos de heridos— fue considerado por la Justicia argentina como un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de entonces y ejecutado por Hezbollah, organización señalada como financiada por Irán.
El comunicado difundido por el gobierno de Javier Milei reafirmó que el reclamo de justicia por las víctimas constituye una política de Estado y aseguró que continuará hasta que todos los responsables respondan por el crimen.
Además, el Ejecutivo expresó su expectativa de que la ofensiva militar marque el cierre de más de cuatro décadas de autoritarismo en Irán y abra una etapa de mayor estabilidad institucional y respeto por los derechos humanos.
La postura de Cancillería
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, también se pronunció luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la muerte de Jamenei durante los bombardeos. A través de su cuenta en X, recordó que el líder iraní figuraba entre los imputados en la causa por el atentado a la AMIA.
Quirno subrayó que la decisión estratégica de ejecutar el ataque de 1994 fue adoptada por la conducción política iraní vigente en ese período, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei. Asimismo, reiteró que la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas seguirá siendo una prioridad permanente del Estado argentino y expresó su deseo de que las novedades aporten alivio a las familias afectadas.
Avances judiciales y tensión diplomática
En abril de 2025, el fiscal Sebastián Basso solicitó al juez federal Daniel Rafecas la emisión de una orden de captura nacional e internacional contra Jamenei. En su presentación, sostuvo que el ayatolá habría participado en la decisión de llevar adelante el atentado con explosivos en Buenos Aires y que habría emitido la orden ejecutiva —identificada como fatwa 39— para concretarlo. También lo señaló como patrocinador de Hezbollah, organización a la que se le atribuyen múltiples atentados en distintas partes del mundo.
Posteriormente, Rafecas resolvió que diez ciudadanos iraníes y libaneses —entre ellos exfuncionarios del régimen y miembros de Hezbollah— sean juzgados en ausencia, bajo la nueva figura incorporada este año al Código Procesal Penal. Todos permanecen prófugos desde hace casi dos décadas.
El gobierno iraní rechazó esa decisión judicial y la calificó como ilegal y politizada. En un comunicado, acusó a Milei de alinearse con Israel y Estados Unidos en una supuesta conspiración para encubrir, según su versión, a funcionarios argentinos que serían los verdaderos responsables del ataque.
La controversia diplomática se reavivó tras el anuncio de la muerte de Jamenei, en un contexto de fuerte tensión internacional y con una causa judicial que continúa siendo uno de los expedientes más sensibles de la historia argentina.
PH NEXOFIN
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