Entre 2020 y 2025, el empresario condenado por corrupción facturó millones alquilando inmuebles bajo embargo judicial. Uno de sus inquilinos fue Claudio Kirchner, sobrino del expresidente. La Justicia evalúa confiscar esas ganancias y dio 10 días a los condenados para restituir el daño económico.

Lázaro Báez, el empresario patagónico condenado por corrupción en la obra pública, logró facturar más de $172 millones en cinco años mediante el alquiler de inmuebles que, en muchos casos, estaban bajo medidas cautelares de la Justicia. El dato fue revelado en el marco de la causa Vialidad, donde el fiscal Diego Luciani impulsa una estrategia para recuperar los fondos que, según peritajes oficiales, representan un perjuicio al Estado de casi $685.000 millones.

Uno de los contratos más llamativos fue el de Claudio Ángel Kirchner, sobrino de Néstor Kirchner y funcionario del gobierno de Santa Cruz, quien pagó más de $5,5 millones a Báez por el alquiler de una vivienda en Río Gallegos. A su nombre también figuran pagos por parte de empresas como Automotores Yepun S.A. ($3,3 millones) y particulares como Mao Lian Juan, que abonó más de $4,5 millones solo en 2025.

Báez había declarado ingresos mensuales por $800.000 en 2024, pero los registros del Ministerio Público revelaron cifras mucho más altas, lo que alimenta la hipótesis de ocultamiento de patrimonio. A raíz de estos descubrimientos, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dictó embargos preventivos ampliados y otorgó un plazo de 10 días hábiles a los condenados —incluyendo a Cristina Kirchner— para restituir el dinero al Estado.

El empresario fue condenado a 15 años de prisión tras la unificación de las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K. En el fallo, los jueces calificaron el daño económico como “de magnitud” y remarcaron el “rol superlativo” de Báez en un esquema que incluyó el uso de sociedades pantalla y estructuras offshore para canalizar fondos de origen ilícito.

Además, se investiga a Noemí Insaurralde, pareja de Báez y apoderada desde 2020, por la posible transferencia de bienes o manejo de fondos con el objetivo de evitar embargos. El Ministerio Público busca cerrar una “zona gris” del sistema que aún permite a condenados por corrupción seguir obteniendo beneficios de bienes mal habidos.

La Justicia ya ordenó la apertura de una cuenta en el Banco Nación para centralizar los fondos recuperados y continúa ampliando las medidas patrimoniales para garantizar la restitución del daño causado.