PH: EFE – Juan Ignacio Roncoroni

El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, en una causa que investiga irregularidades en contrataciones de seguros durante su gestión. El magistrado también ordenó un embargo por más de 14.600 millones de pesos.

El expresidente Alberto Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la denominada “causa Seguros”, que investiga presuntas maniobras irregulares en la contratación de seguros estatales a través de intermediarios privados cercanos a su entorno. La resolución judicial incluye un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283,68.

Según el fallo de 400 páginas, Fernández habría favorecido negocios entre organismos públicos y la aseguradora Nación Seguros, mediante la intervención de brokers vinculados a su entorno íntimo, en especial a través de su exsecretaria María Cantero y su esposo, el empresario Héctor Martínez Sosa. El juez sostuvo que el entonces presidente promovió estos vínculos y utilizó su cercanía con los involucrados para validar públicamente su accionar.

Casanello destacó que el decreto presidencial que obligaba a los organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros fue una herramienta clave para beneficiar a empresas privadas allegadas al exmandatario. Además, el magistrado subrayó que la relación entre Fernández y los imputados incluía intercambios personales frecuentes, obsequios, favores y transferencias de dinero, elementos que superan el marco de una simple amistad o vínculo laboral.

Junto a Fernández fueron procesadas otras 33 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios. La investigación se apoyó en un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que evidenció conexiones directas entre funcionarios públicos y operadores privados beneficiados.

Al ser citado a declarar, el expresidente presentó un escrito en el que negó los cargos, defendió la validez del decreto y aseguró que fue una decisión de política pública consensuada con otros organismos del Estado. Afirmó que el objetivo era mejorar la eficiencia del sistema asegurador estatal, y rechazó que la medida tuviera motivaciones personales o económicas.