El Estado argentino solicitó a la jueza Loretta Preska que suspenda la orden que lo obliga a transferir acciones de YPF, al considerar que la medida violaría leyes nacionales, pondría en riesgo a terceros y generaría consecuencias irreversibles; el pedido se enmarca en dos fallos, uno de ellos aún en etapa de apelación.

En una nueva presentación ante la jueza estadounidense Loretta Preska, el Gobierno argentino pidió suspender la ejecución del fallo que ordena la entrega de acciones de YPF como parte de cumplimiento de dos sentencias. La principal, aún en etapa de apelación, condena al país a pagar US$16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realizó la expropiación de la petrolera en 2012; con intereses, el monto asciende a US$17.750 millones. La segunda sentencia, por US$95 millones, favorece al fondo Bainbridge, en una causa relacionada con deuda en default.

Los abogados del Estado sostuvieron que acatar la orden implicaría violar la Ley N.º 26.741, que exige autorización legislativa para la venta de acciones de YPF, y remarcaron que una transferencia inmediata podría afectar a terceros, como las provincias y los tenedores de bonos soberanos. Además, advirtieron que la medida podría activar cláusulas contractuales perjudiciales para la empresa, comprometiendo su estabilidad jurídica y operativa.

El fallo principal tiene su origen en la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar la participación de Repsol en YPF, operación por la cual la compañía española fue compensada con bonos. Sin embargo, el reclamo de los fondos demandantes se basa en que el Estado no extendió una oferta similar a los accionistas minoritarios, como establecía el estatuto de la empresa, lo que dio lugar al juicio.

La defensa argentina argumentó que el caso no constituye una disputa comercial ordinaria, sino un proceso inédito con impacto institucional y económico significativo. Además, sostuvo que mantener el statu quo no genera un perjuicio inmediato a los demandantes, ya que la normativa vigente impide operar sobre las acciones sin aval del Congreso.

Argentina presentó una apelación en enero de 2024 ante la Cámara de Nueva York y anticipó que está próxima a interponer un nuevo recurso para evitar la transferencia de los títulos. Mientras tanto, ante la falta de pago o acuerdo, los demandantes solicitaron ejecutar parte del fallo mediante la entrega de las acciones estatales de YPF, lo que podría abrir la puerta a demandas similares de otros acreedores con sentencias favorables.