PH: El observador

Este año vence el plazo de la Ley de Memoria Democrática, y con ello se activará una cláusula que permitirá al gobierno español retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido por esta vía y no cumplan ciertos requisitos de permanencia y uso efectivo.

A partir de octubre de 2025, es decir, en los próximos meses, el gobierno de España tendrá la facultad de revocar la nacionalidad española concedida a través de la llamada Ley de Nietos, en caso de que los beneficiarios no cumplan con determinadas condiciones legales. Esta medida se basa en una cláusula contemplada dentro de la Ley de Memoria Democrática (LMD), que fue aprobada en 2022 y cuyo plazo de vigencia vence este año.

La normativa, conocida popularmente como Ley de Nietos, permitió que descendientes de ciudadanos españoles exiliados por la Guerra Civil o la dictadura franquista pudieran acceder a la nacionalidad. También incluyó a personas que perdieron la ciudadanía por razones históricas, como mujeres que se casaron con extranjeros antes de 1978.

Sin embargo, desde octubre, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá aplicar un criterio de revocación en los casos donde se detecte que la persona siguió utilizando su nacionalidad anterior durante al menos tres años, sin haber hecho uso efectivo de la ciudadanía española. Esta situación se interpreta como falta de integración, uno de los factores considerados para mantener el estatus.

La advertencia no afecta a quienes son ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o Puerto Rico, ya que no se les exige renunciar a su nacionalidad original. En cambio, quienes provienen de Haití, Jamaica, Guyana o Trinidad y Tobago, países que no se consideran iberoamericanos en este contexto, podrían quedar fuera de las excepciones.

Con esta decisión, España apunta a reforzar el vínculo efectivo de quienes adquieren la ciudadanía a través de la memoria histórica, exigiendo un uso activo y una vinculación real con el país. Se recomienda a los beneficiarios estar atentos al uso documental de su ciudadanía, especialmente en viajes, trámites consulares y registros oficiales.