La oposición presentó un pedido de informes para conocer cómo se otorgaron préstamos a integrantes del oficialismo. Desde el Banco Nación aseguraron que se cumplieron todos los requisitos y descartaron privilegios.
Un grupo de funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza accedió a créditos hipotecarios de hasta 350.000 dólares a través del Banco Nación, lo que motivó un pedido de informes impulsado por sectores de la oposición para conocer en detalle las condiciones de la operatoria y su nivel de transparencia.
El planteo fue formalizado por el diputado Esteban Paulón, quien solicitó al Poder Ejecutivo información sobre los mecanismos de control y evaluación aplicados a la asignación de créditos, especialmente en casos que involucran a funcionarios públicos. Además, pidió precisiones sobre los criterios utilizados para garantizar igualdad de acceso y evitar posibles conflictos de interés o uso de información privilegiada.
En paralelo, el legislador presentó un requerimiento ante el Banco Central para conocer el marco regulatorio vigente y las tareas de supervisión sobre los préstamos otorgados por entidades financieras estatales. Según explicó, el objetivo es asegurar que la asignación de recursos públicos se realice bajo estándares claros de transparencia.
Desde la entidad bancaria negaron cualquier irregularidad y sostuvieron que los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier solicitante. “No existen excepciones: quien cumple con los requisitos puede acceder”, indicaron, y remarcaron que existen líneas específicas para empleados del sector público.
En la misma línea, referentes del oficialismo rechazaron las críticas y minimizaron la polémica al señalar que acceder a un crédito no constituye un privilegio. Uno de los casos mencionados es el del diputado tucumano Mariano Campero, quien defendió su situación y aseguró que se trata de un préstamo hipotecario en UVAs disponible para cualquier ciudadano que califique.
El legislador explicó que el crédito fue tomado en 2025 por un monto cercano a los 275 millones de pesos para adquirir su vivienda familiar, y que, debido a la actualización por inflación, la deuda se incrementó con el tiempo. También remarcó que toda la documentación es pública y que no recibió ningún trato preferencial.
Según la normativa del Banco Nación, este tipo de préstamos puede ser solicitado por empleados del sector público que perciban sus haberes a través de la entidad, con condiciones establecidas en cuanto a edad límite, cantidad de titulares y requisitos de solvencia, lo que, según el banco, garantiza un acceso regulado y abierto dentro del sistema financiero.
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