Cuadernos: empresario denunció haber sido obligado a declarar como arrepentido y pidió anular su declaración

En el marco del juicio por los Cuadernos de las Coimas, el empresario Mario Rovella afirmó que su testimonio como arrepentido fue coaccionado y solicitó que se deje sin efecto. Además, Ricardo Jaime presentó una recusación contra un juez, mientras todos los planteos se evaluarán al final de esta etapa.

El Tribunal Oral Federal 7 retomó este martes las audiencias del caso, en el que la expresidenta Cristina Kirchner figura como principal acusada. Durante la sesión, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó un pedido de recusación contra el juez Fernando Canero, aunque el tribunal decidió tramitarlo por secretaría para no interrumpir la jornada.

La defensa de Mario Rovella solicitó la nulidad de su declaración como arrepentido, argumentando que el empresario de la constructora Rovella Carranza S.A. fue presionado con amenazas de prisión y que su voluntad fue coartada. Su abogado señaló que este procedimiento es incompatible con los principios del Estado de Derecho y ha sido aplicado de manera sistemática en el proceso. Rovella, quien previamente había admitido pagos ilegales presentados como “aportes” a campañas políticas, ofreció además una reparación económica cercana a medio millón de dólares para extinguir la acción penal, a la espera de la decisión del tribunal.

Estos planteos se suman a los cuestionamientos previos presentados por la defensa de Cristina Kirchner, que denunció presunto “forum shopping” al inicio de la causa y apuntó a prácticas supuestamente irregulares en la figura del arrepentido. Argumentos similares fueron replicados por otras defensas, que pidieron la nulidad del proceso.

La defensa de Roberto Baratta destacó el vínculo entre la fiscalía y un abogado condenado por extorsión y espionaje ilegal, mientras que la defensa de Julio De Vido recordó que su cliente ya había sido absuelto en la causa Vialidad por asociación ilícita. Tanto Baratta como De Vido fueron señalados por empresarios arrepentidos como figuras centrales en la presunta estructura de recaudación.

La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno habrían implementado un sistema integral de recaudación, mediante el cual empresarios de distintos sectores entregaban dinero a cambio de beneficios para sus compañías. Según la fiscalía, existieron al menos dos canales de recaudación distintos pero complementarios, siendo en uno de ellos los propios funcionarios quienes recibían los fondos directamente de los empresarios.

Una vez resueltos todos los planteos preliminares, el tribunal dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de avanzar hacia la etapa de pruebas e indagatorias.

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