El Gobierno presentó ante la jueza estadounidense Loretta Preska un recurso para evitar proporcionar correos, chats y documentos de dispositivos personales de funcionarios actuales y anteriores, alegando que no tiene control sobre esos equipos y que la legislación argentina protege su inviolabilidad.

La Argentina pidió que se reconsidere la orden judicial que exige la entrega de comunicaciones electrónicas de funcionarios como Sergio Massa y Luis Caputo, en el marco del juicio por la expropiación de YPF de 2012. La Procuración del Tesoro presentó dos mociones: una sobre la obligación de entregar mensajes y documentos almacenados en dispositivos personales, y otra sobre los pedidos de discovery de activos argentinos que no son ejecutables. La defensa argumenta que los dispositivos personales no están bajo “posesión, custodia o control” del Estado, como exige el derecho estadounidense, y que la legislación local protege la inviolabilidad de dichos equipos.

El país ya se había negado a acatar la orden de primera instancia de la jueza Preska tras la audiencia de discovery del 29 de julio, sosteniendo que la solicitud excede las facultades legales. Además, se invocan precedentes como el caso NML Capital, que limita la producción de documentos a activos que puedan ser ejecutados, cuestionando pedidos irrestrictos de la contraparte.

Si la jueza rechaza la reconsideración, la Argentina evaluará recurrir a la Corte de Apelaciones, ya que no habría otra instancia en primera instancia para presentar reclamos. Mientras tanto, la audiencia sobre la apelación de la condena original sigue programada para el 29 de octubre, antes de que puedan resolverse estas mociones.