El gobierno de Javier Milei impulsa junto a Washington una estrategia internacional que también involucra a Italia, Israel y Bélgica, con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para lograr la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre en Venezuela.

Desde su arresto en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, el 8 de diciembre de 2024, Gallo permanece incomunicado, sin acceso a un abogado ni información precisa sobre su estado de salud, situación que su familia y las autoridades argentinas califican de “secuestro”. Ante la falta de resultados de las gestiones previas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantiene un canal permanente de diálogo con funcionarios de la administración de Donald Trump, cuya política hacia Caracas ha endurecido en los últimos meses.

Estados Unidos elevó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por datos que conduzcan a la captura de Maduro, lo señaló como líder del denominado “Cartel de los Soles” y desplegó marines y buques de guerra en el Caribe como parte de su ofensiva contra el narcoterrorismo. Estas medidas se suman a las acciones coordinadas con otros países que también reclaman por ciudadanos detenidos en cárceles venezolanas en condiciones similares.

El caso de Gallo cobró mayor relevancia tras la salida del país de su pareja, María Gómez, quien pudo escapar con asistencia de personal estadounidense. Mientras tanto, la familia del gendarme exige información concreta sobre su situación y reclama que se garantice su integridad física, en medio de un escenario diplomático complejo que busca resultados a través de la presión política y de seguridad regional.