El expresidente fue convocado por el juez federal Sebastián Casanello para declarar este viernes en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en contratos firmados con Nación Seguros durante su mandato. También están implicados su exsecretaria y un broker allegado.

El juez Sebastián Casanello citó a Alberto Fernández para que amplíe su declaración indagatoria este viernes 4 de julio a las 10 de la mañana, en el contexto de la investigación que analiza presuntos delitos vinculados con contrataciones entre organismos públicos y la aseguradora estatal Nación Seguros S.A. La decisión se produjo luego de que la Cámara Federal porteña revocara la inhibición de bienes dictada previamente contra el exmandatario y ordenara avanzar con definiciones procesales sobre todos los acusados.

El expediente gira en torno a un decreto firmado por Fernández durante su presidencia, que obligaba a todas las dependencias del Estado a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. La medida, derogada posteriormente por el actual gobierno, habría favorecido a intermediarios específicos, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa —amigo del expresidente y pareja de su exsecretaria privada, María Cantero—, quien también figura entre los imputados. Las operaciones bajo sospecha involucran comisiones por más de 3.000 millones de pesos.

Además, la justicia investiga la posible existencia de una estructura organizada para desviar fondos estatales hacia manos privadas. Uno de los focos está puesto en Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, sobre quien pesa la sospecha de haber actuado como testaferro en esta supuesta maniobra fraudulenta. En ese sentido, el juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Rodríguez y solicitó un informe patrimonial completo a la AFIP.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó un informe clave de más de 600 páginas, que expone vínculos estrechos entre funcionarios públicos y empresarios del sector asegurador. El documento refuerza la hipótesis del direccionamiento de contratos y pagos indebidos a través de una red de al menos 25 intermediarios.

De confirmarse las acusaciones, Fernández podría enfrentar cargos por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La citación de este viernes será crucial para que el juez determine si avanza con un procesamiento formal.