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El Juzgado Nacional del Trabajo N°3 hizo lugar a una medida cautelar presentada por ATE y dejó sin efecto, de manera provisoria, el artículo del decreto que eliminaba el feriado del 27 de junio. La resolución beneficia exclusivamente a los trabajadores afiliados al gremio, mientras el Gobierno se prepara para apelar.

Un nuevo revés judicial golpeó al Gobierno nacional luego de que la Justicia del trabajo suspendiera de manera parcial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 430/25, que eliminaba el asueto por el Día del Trabajador del Estado. La decisión fue adoptada por la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, en respuesta a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que consideró inconstitucional la derogación del feriado.

La resolución judicial establece que los efectos del artículo 2° del decreto quedan suspendidos de forma provisoria únicamente en relación con los trabajadores representados por ATE, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. El gremio había argumentado que el feriado está amparado por la Ley Nacional 26.876, que reconoce el 27 de junio como jornada no laborable, y sostuvo que su eliminación vía decreto vulnera derechos adquiridos.

Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que la medida buscaba reducir el gasto público en aproximadamente 11.000 millones de pesos y garantizar el normal funcionamiento de los trámites administrativos. Sin embargo, el gremio liderado por Rodolfo Aguiar rechazó el argumento y calificó la decisión oficial como “un acto autoritario”. Tras conocerse el fallo favorable, Aguiar lo celebró en redes sociales y reafirmó la defensa del carácter histórico de la fecha.

Pese a la resolución judicial, el alcance es limitado: no se aplica a toda la administración pública, sino únicamente a los empleados que integran ATE. Por ello, en diversas provincias como Tucumán, el Gobierno ratificó que el viernes 27 de junio será una jornada laboral normal. En tanto, desde Casa Rosada ya anticiparon que apelarán el fallo con el objetivo de restablecer la validez plena del decreto. La disputa anticipa un nuevo capítulo en el conflicto entre el Ejecutivo nacional y los gremios estatales.