PH MINUTOUNO

Una llamada al 911 alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en la Quinta de Olivos. El hecho generó un amplio despliegue de seguridad, pero tras las inspecciones, se descartó la existencia de cualquier elemento sospechoso. La Justicia investiga el origen de la amenaza.

Este martes, una amenaza de bomba obligó a activar el protocolo de seguridad en la residencia presidencial de Olivos. Todo comenzó cerca del mediodía, cuando una mujer se comunicó con el 911 asegurando haber dejado un explosivo en el lugar. Inmediatamente, se movilizaron efectivos de la brigada antiexplosivos que opera dentro del predio, junto a personal de la Policía Federal, Defensa Civil de Vicente López y la División de Delitos Constitucionales.

Las inspecciones se realizaron tanto en el interior como en el exterior del inmueble, pero finalmente se confirmó que no había ningún artefacto, por lo que la amenaza fue considerada infundada. “Los resultados fueron negativos”, indicaron fuentes cercanas al operativo.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con la Secretaría N.º 3 de Lucía Ochoa. La investigación busca dar con la persona que realizó la llamada, ya que este tipo de intimidaciones están contempladas en el Código Penal como delito de intimidación pública y pueden recibir penas de entre dos y seis años de prisión.

El episodio se produjo en un contexto de tensión internacional, en medio del conflicto entre Irán e Israel, por lo que el Gobierno ya había reforzado la seguridad en zonas estratégicas y edificios sensibles. No es la primera vez que se reportan amenazas de este tipo vinculadas al presidente Javier Milei: ya se habían registrado antecedentes en Rosario durante visitas oficiales.