El empresario Lázaro Báez, condenado en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, fue trasladado este miércoles a una cárcel común por orden del Tribunal Oral Federal N°4. Hasta ese momento, cumplía prisión domiciliaria, pero la decisión judicial dispuso que finalice su condena en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal, específicamente en la Unidad Penal 15 de Río Gallegos, Santa Cruz.

La medida se tomó luego del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena por lavado de dinero agravado, en una causa que reveló el desvío y la expatriación de casi 55 millones de dólares a través de maniobras financieras realizadas entre 2010 y 2013. La sentencia había establecido una pena de 12 años, de los cuales aún le resta cumplir seis.

La investigación comenzó en 2013 a partir de una denuncia mediática, y con el tiempo se incorporaron pruebas clave, como videos grabados en la financiera SGI –conocida como “La Rosadita”– donde se veía al hijo del empresario contando grandes sumas de dinero. Según el fallo, Báez lideró una organización destinada a lavar activos provenientes de la obra pública, utilizando estructuras jurídicas en el extranjero y simulando inversiones para reinsertar los fondos en el país.

El tribunal consideró que no había motivos excepcionales para que el empresario continuara en prisión domiciliaria y dispuso su traslado inmediato. Gendarmería concretó el operativo, que incluyó un paso previo por El Calafate antes de su ingreso al penal. La resolución subraya que la domiciliaria no es un derecho automático, sino que debe ser evaluada por el juez en cada caso.