El Ejecutivo nacional prepara una reforma en la reglamentación de la Ley de Glaciares que permitirá habilitar proyectos extractivos en zonas actualmente restringidas. El objetivo es facilitar inversiones en sectores cercanos a formaciones de hielo, a través de un decreto que redefine los criterios de protección ambiental.

El Gobierno trabaja en un decreto que modificará la normativa de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, con el propósito de abrir nuevas áreas para actividades mineras e hidrocarburíferas. La medida está siendo desarrollada por el Ministerio de Economía en conjunto con la Secretaría de Energía y equipos legales de la Presidencia, y apunta a reducir el alcance de las áreas protegidas que hoy limitan la expansión de proyectos productivos en regiones cordilleranas.

La iniciativa plantea una reformulación técnica de los criterios que definen qué zonas deben conservar su estatus de resguardo ambiental. Para ello, se establecerían requisitos como una superficie mínima de una hectárea, la estabilidad en el tiempo de las formaciones periglaciares, su importancia hídrica y su inclusión en el Inventario Nacional de Glaciares.

Si bien se mantendrán las restricciones para glaciares descubiertos y cubiertos, el cambio permitirá liberar áreas actualmente protegidas bajo la categoría de periglaciares. Las intervenciones en esas zonas deberán pasar por evaluaciones de impacto ambiental, aunque se anticipa una mayor capacidad de decisión para las provincias en el proceso de aprobación.

Este cambio de rumbo retoma una intención que había sido incluida inicialmente en el proyecto de Ley Bases, pero que fue retirada ante la falta de respaldo parlamentario. Ahora, el oficialismo opta por avanzar por vía administrativa, con el argumento de brindar certidumbre legal a las inversiones en sectores estratégicos.

La iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Diversos sectores ambientalistas y organismos internacionales advirtieron sobre posibles retrocesos en materia de protección. En febrero de 2024, la ONU manifestó su preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de flexibilizar las normas sobre áreas sensibles, en una carta firmada por cinco relatores de derechos humanos.

Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que la reforma es necesaria para dinamizar el crecimiento económico en zonas donde la legislación vigente impone trabas que consideran excesivas. Con esta nueva reglamentación, esperan reactivar proyectos paralizados y reforzar la autonomía provincial en la gestión de sus territorios y recursos naturales.