Jaldo oficializó a Norry y Bustamante al frente de la Caja Popular y pidió profundizar su función social

El gobernador Osvaldo Jaldo tomó juramento a las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros y aseguró que el recambio responde a una decisión institucional destinada a fortalecer el perfil social, financiero y solidario de la entidad.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes por la mañana el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros, que se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En la ceremonia, Guillermo Alfredo Norry juró como interventor de la entidad y Antonio Daniel Bustamante asumió como subinterventor, en el marco de una decisión orientada a fortalecer el perfil social y financiero de la institución.

Durante su mensaje, el mandatario provincial repasó la trayectoria histórica de la Caja Popular y remarcó que se trata de una institución que logró mantenerse en el ámbito estatal pese a los procesos de privatización del pasado. Recordó que fue creada el 13 de julio de 1915 por el doctor Ernesto Padilla, con una visión estratégica destinada a brindar a los tucumanos una herramienta segura para proteger y garantizar sus ahorros.

Jaldo destacó especialmente el rol social que cumple la entidad, al señalar que parte de sus utilidades se destinan al sistema público de salud. Subrayó que esos aportes permiten sostener al Siprosa y contribuyen a preservar lo más valioso para la comunidad, como es la salud y la vida de los tucumanos.

Al fundamentar la designación de Norry, el Gobernador valoró su anterior desempeño como interventor del municipio de Juan Bautista Alberdi, donde —según señaló— desarrolló una gestión positiva que permitió ordenar y fortalecer la administración local. En ese sentido, remarcó que Norry aceptó nuevamente un desafío dentro del Gobierno provincial, demostrando que prioriza los intereses de la provincia y de los ciudadanos por sobre cuestiones personales o políticas. Asimismo, agradeció a Bustamante por asumir la subintervención.

El jefe del Poder Ejecutivo aclaró que el cambio de autoridades responde a una decisión estrictamente institucional y no debe interpretarse como un hecho partidario. Aseguró que las determinaciones de su gestión se toman en el ámbito del Gobierno provincial y que no guardan relación con internas políticas, al tiempo que reafirmó la unidad del peronismo en Tucumán.

En ese marco, Jaldo explicó que el objetivo de la renovación es dar continuidad a los aspectos positivos de la gestión anterior, profundizar las políticas que dieron resultados y corregir aquello que sea necesario. Además, garantizó el respaldo del Ejecutivo a la nueva conducción y remarcó que Norry y Bustamante cuentan con el acompañamiento directo del Gobernador.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo señaló que la decisión adoptada tiene un fuerte contenido político-institucional y resaltó que la Caja Popular no es solo una entidad financiera, sino una institución históricamente cercana a los tucumanos. En ese contexto, destacó la labor del exinterventor José Díaz durante la pandemia, cuando se avanzó en la descentralización de los cobros y la instalación de cajeros automáticos en distintas comunas del interior para facilitar el acceso de la población.

A su turno, Norry adelantó que su gestión estará enfocada en continuar el trabajo realizado, brindar tranquilidad al personal y reforzar el rol social de la Caja Popular. Precisó que una de las principales instrucciones recibidas del Gobernador fue priorizar a los sectores sociales, respetar la Carta Orgánica de la institución y alinearse con las políticas definidas por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el nuevo interventor se dirigió a los trabajadores de la entidad y les transmitió un mensaje de tranquilidad, al asegurar que se convocará al gremio para dialogar y que no se afectará la carrera administrativa ni laboral del personal, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta.

Participaron del acto el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; la senadora nacional Beatriz Ávila; las diputadas nacionales Elia Fernández y Gladys Medina; el diputado nacional Javier Noguera; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los vicepresidentes legislativos Aldo Salomón y Alfredo Toscano; los ministros Daniel Abad, Darío Monteros, Regino Amado, Susana Montaldo, Marcelo Nazur, Luis Medina Ruiz, Eugenio Agüero Gamboa y Federico Masso; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el exinterventor José Díaz y el exsubinterventor Darío Amatti; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; además de los intendentes Francisco Serra (Monteros), Francisco Caliva (Tafí del Valle), Marta Albarracín (Lules), Gabriela Rodríguez (La Cocha), Jorge Leal (Burruyacú), Elvio Salazar (Simoca), Raquel Graneros (Graneros), Gimena Mansilla (Aguilares), Antonio Moreno (Trancas), Alejandra Rodríguez (Tafí Viejo), Marta Najar (Las Talitas), Bruno Romano (Juan Bautista Alberdi) y Enrique Orellana (Famaillá), junto a legisladores, concejales y secretarios de Estado.