PH: Cadena 3

El Ministerio de Capital Humano dispuso una conciliación obligatoria por 15 días ante la falta de avances en las negociaciones entre el gremio de controladores aéreos y la empresa estatal EANA, con el objetivo de evitar nuevas medidas de fuerza que impacten en el transporte aéreo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los controladores aéreos sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que una reunión entre representantes sindicales, autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Subsecretaría de Trabajo no lograra destrabar la situación. Ante la ausencia de propuestas concretas por parte de la empresa, el Ministerio de Capital Humano resolvió dictar la conciliación obligatoria por un plazo inicial de 15 días.

La decisión deja sin efecto el cronograma de paros anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que incluía interrupciones en vuelos nacionales, internacionales y un cese total de actividades previsto para los próximos días. Desde el sindicato señalaron que durante las negociaciones “no hubo ningún ofrecimiento” y remarcaron que el eje del conflicto no está centrado exclusivamente en la pauta salarial.

Según ATEPSA, los reclamos apuntan al incumplimiento de acuerdos previos, la reincorporación de trabajadores despedidos y la revisión de distintos puntos del Convenio Colectivo de Trabajo. Además, denunciaron atrasos en conceptos como el viático por refrigerio, la compensación por complejidad aeroportuaria y el cálculo de la antigüedad, algunos de ellos sin actualización desde 2023 y 2024.

Las medidas de fuerza adoptadas la semana pasada tuvieron un fuerte impacto en el sistema aerocomercial, con alrededor de 40 mil pasajeros afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos tanto de cabotaje como internacionales. La conciliación obligatoria, que puede extenderse por otros 15 días, obliga al gremio a suspender las protestas mientras se reabre una instancia formal de diálogo.

En paralelo, EANA presentó una denuncia penal en la Justicia Federal al advertir que ciertas acciones realizadas durante las protestas podrían haber comprometido la seguridad operacional, como la colocación de banderas y carteles en torres de control de Aeroparque y Ezeiza. Desde el sindicato rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que las medidas se desarrollaron bajo protocolos establecidos, responsabilizando a la empresa estatal por la falta de respuestas y la ruptura del diálogo.