La central obrera calificó como un “triunfo táctico” la decisión del Gobierno de demorar el tratamiento del proyecto hasta febrero y alertó que, si avanza sin consensos, podría enfrentar cuestionamientos judiciales por presuntas violaciones constitucionales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) valoró la decisión del oficialismo de postergar hasta febrero el debate de la reforma laboral en el Senado y sostuvo que se trata de una consecuencia directa de la presión sindical y de la falta de respaldo legislativo suficiente. Al mismo tiempo, advirtió que, de insistirse con el proyecto sin modificaciones sustanciales ni acuerdos amplios, la iniciativa podría terminar en la Justicia.
El planteo fue realizado por Jorge Sola, dirigente del sindicato del Seguro e integrante del triunvirato que conduce la central obrera, quien afirmó que la reforma presenta aspectos que vulneran principios constitucionales. En ese marco, consideró que la postergación representa un logro coyuntural de los trabajadores, aunque aclaró que el debate de fondo sigue abierto y que el conflicto podría reactivarse si el Gobierno retoma la iniciativa en los mismos términos.
En declaraciones radiales, Sola vinculó la decisión oficial con la movilización sindical de la semana pasada y con un trabajo previo de diálogo político que incluyó contactos con gobernadores, senadores y diputados de distintos espacios. Según explicó, esas gestiones permitieron advertir sobre el impacto del proyecto y detectar disidencias parciales o totales dentro del Senado, donde el oficialismo no contaría con los votos necesarios para aprobar la reforma tal como fue presentada.
La confirmación de que el tratamiento se reprogramará para febrero se conoció el jueves pasado, pese a que la iniciativa ya había obtenido dictamen en comisión. Desde el Gobierno argumentaron que la prioridad legislativa es el Presupuesto 2026 y que la demora permitirá analizar cambios propuestos por bloques aliados. En ese sentido, la senadora Patricia Bullrich aseguró que los apoyos están garantizados y que la postergación responde a la intención de receptar modificaciones.
Desde la CGT, en cambio, reclamaron que el Ejecutivo amplíe el diálogo más allá del sector sindical y escuche a todos los actores sociales y productivos. Si bien Sola sostuvo que la central mantiene una postura propositiva respecto de la modernización laboral, advirtió que el proyecto, en su redacción actual, no mejorará la situación de los trabajadores y podría profundizar los problemas existentes.
El dirigente también trazó un diagnóstico crítico del contexto económico y social, al señalar la pérdida de más de 18.000 pymes y alrededor de 200.000 empleos formales en los últimos dos años. Atribuyó ese escenario a la falta de inversión productiva y cuestionó que se busque modificar las reglas laborales sin atender la presión impositiva y la estructura tributaria. Además, alertó sobre el impacto de la apertura de importaciones en sectores industriales como el textil, el cerámico y el del juguete.
Finalmente, Sola adelantó que la CGT intensificará el diálogo con senadores de distintos bloques que manifestaron disposición a revisar la iniciativa y dejó una advertencia: si el Gobierno no habilita una instancia de consenso real, la respuesta sindical podría volver a expresarse en las calles.
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