Foto: AP – Gustavo Garello
La Cámara de Casación ratificó la acusación contra el expresidente por presunta violencia psicológica hacia Fabiola Yáñez y dispuso el apartamiento del juez Julián Ercolini, aunque validó todas las medidas ya tomadas en el expediente.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yáñez, y aceptó el pedido de la defensa de apartar al juez Julián Ercolini. La decisión se tomó al considerar que la relación de amistad y posterior enemistad entre ambos podría afectar la garantía de imparcialidad. Sin embargo, los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma aclararon que la salida de Ercolini es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos” durante la instrucción.
El fallo se apoyó en las declaraciones del propio Fernández, quien reconoció ante el tribunal haber tenido “circunstancias de mucha amistad y circunstancias de profunda enemistad” con Ercolini, lo que, según su defensa, impedía un proceso justo. Incluso, el expresidente acusó al fiscal Ramiro González de utilizar la causa “para tapar problemas familiares” y “limpiar su imagen”, al tiempo que insistió en que no creía en la imparcialidad del magistrado.
La acusación, confirmada previamente por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció de manera sistemática violencia psicológica contra Yáñez entre 2016 y 2024, a través de hostigamientos, insultos, controles y ninguneos. También se lo investiga por presunta coacción, al intentar evitar que su expareja se presentara en la justicia. Según el fiscal, el exmandatario se habría aprovechado de una “situación de vulnerabilidad preexistente” de la ex primera dama.
El expediente incluye fotografías difundidas en 2023 que muestran lesiones en el brazo y el ojo de Yáñez, enviadas por ella misma a una colaboradora de Presidencia, y que dieron origen a la investigación. Durante la instrucción, se recibieron testimonios de médicos presidenciales, personal de Olivos, familiares y allegados de Yáñez, además de historias clínicas, registros de ingreso y salida, videos y comunicaciones telefónicas. Con la investigación cerrada por el fiscal, será el nuevo juez quien defina si la causa avanza a juicio oral, aunque se espera que la defensa de Fernández continúe presentando recursos para intentar dilatar el proceso.
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