La causa que involucra a Cristina Kirchner, su hijo Máximo y empresarios como Lázaro Báez se postergó hasta el próximo año debido a la falta de pericias clave sobre la inmobiliaria Los Sauces, fundamentales para evaluar posibles maniobras de lavado de dinero.
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Palliotti, decidió postergar hasta 2026 el inicio del juicio oral contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros acusados en los casos Hotesur y Los Sauces. La medida responde a la necesidad de completar pericias contables pendientes que servirán para analizar la relación financiera entre los acusados y contratistas del Estado.
El proceso también alcanza a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la fiscalía, las empresas vinculadas a la familia Kirchner habrían emitido facturas a compañías de Báez para blanquear dinero proveniente de adjudicaciones de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Entre 2009 y 2013, Báez pagó más de 27 millones de pesos por la explotación de hoteles, mientras que otras empresas del Grupo Austral sumaron ingresos adicionales por 11 millones de pesos, a veces por habitaciones no ocupadas. Además, se les imputa el delito de dádivas por operaciones comerciales entre Cristina Kirchner, como funcionaria pública, y contratistas del Estado.
El juicio estaba previsto originalmente para este año, pero se demoró ante la falta de pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces. Aunque ya se recibió un informe sobre la empresa hotelera Hotesur, llegó incompleto. Por ese motivo, el tribunal ordenó nuevas pericias sobre el patrimonio de los acusados y la recopilación de información sobre contratos de servicios de luz, gas y telefonía en departamentos vinculados a López y De Sousa, así como el historial de uso de cocheras en el Madero Center.
La Justicia también solicitó antecedentes y permisos de construcción, planos catastrales y datos de sucesivos titulares de predios en Puerto Madero y Santa Cruz. Estas diligencias buscan garantizar la integridad del material probatorio antes del juicio, que había sido elevado tras decisiones judiciales previas: en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revocó sobreseimientos de 2021 y ordenó el juicio oral, mientras que la Corte Suprema confirmó en diciembre de 2024 la elevación de la causa.
Con estas medidas, los magistrados buscan asegurar un debate judicial completo y transparente, completando los vacíos de información que impedían fijar una fecha concreta para la audiencia de debate.
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