El Tribunal Oral Federal N°2 definirá el martes si la expresidenta cumple su condena en su domicilio. El objetivo es evitar el traslado a Comodoro Py y desactivar la marcha convocada por el peronismo. La medida se enmarca en la causa Vialidad, por la que CFK recibió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral Federal N°2, evalúa concederle a Cristina Fernández de Kirchner el beneficio de prisión domiciliaria. La resolución podría darse el martes a través de una audiencia virtual, antes de que venza el plazo judicial para su presentación en Comodoro Py. La decisión busca evitar el operativo de traslado previsto para el miércoles, día en que sectores del peronismo, sindicatos y organizaciones sociales planean una movilización masiva en su apoyo.

Desde que la Corte Suprema ratificó la condena en la causa Vialidad, la expresidenta permanece en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El fallo confirmó una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que también la obligará a dejar la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional. En ese contexto, la dirigencia del PJ se reunió de urgencia y convocó a una marcha bajo la consigna “Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella”.

Los abogados de la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito al TOF2 solicitando la prisión domiciliaria. Argumentaron que su defendida tiene más de 70 años, cuenta con custodia permanente por haber sido presidenta y sufrió un intento de homicidio en 2022. Además, consideraron que su traslado implicaría un gasto de recursos públicos innecesario y un riesgo para la seguridad general.

Mientras tanto, el peronismo comenzó a viralizar un flyer oficial para convocar a la militancia en la intersección de San José y Humberto 1°. La caravana partiría desde Constitución hacia los tribunales de Retiro, con la participación de dirigentes del PJ, la CGT, la CTA y otros espacios. En caso de que la Justicia confirme la prisión domiciliaria, se desactivaría la movilización, evitando así una jornada de alta tensión política y social.