Cristina Kirchner: los fiscales fijan condiciones para concederle la prisión domiciliaria

Cristina Kirchner: los fiscales fijan condiciones para concederle la prisión domiciliaria

En medio de la etapa final del proceso judicial por la causa Vialidad, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola avanzarán con un pedido formal para que, si se otorga la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, se apliquen una serie de condiciones específicas para su cumplimiento. Entre los requisitos que presentarán ante el juez Jorge Gorini figuran la regulación estricta de las visitas, la obligatoriedad de informar quiénes ingresarán a su domicilio y someter a esas personas a controles y requisas. También se solicitará la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas dentro de la vivienda y la obligación de comunicar cualquier cambio en el equipo de custodia.

Este planteo fiscal se produce luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazara detener de forma inmediata a la exmandataria, otorgándole un plazo de cinco días para que se presente de manera voluntaria. En paralelo, el tribunal ordenó el traslado a una cárcel común del empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa “La ruta del dinero K”, marcando un endurecimiento en el cumplimiento efectivo de condenas asociadas a delitos de corrupción.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un escrito en el que argumenta que la prisión domiciliaria es procedente por varias razones. En primer lugar, destacan que la expresidenta supera los 70 años, lo que le permitiría acceder al beneficio según la legislación vigente. Además, hicieron referencia a su condición de figura pública expuesta y al atentado que sufrió en 2022 como factores que comprometerían su seguridad en un establecimiento penitenciario. También remarcaron que durante todo el proceso judicial no existió riesgo de fuga ni obstrucción por parte de su defendida.

En este contexto, mientras se define la situación judicial de la exjefa de Estado, el pedido de los fiscales apunta a establecer un marco riguroso para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena en caso de que el tribunal acepte el cumplimiento en su residencia. La decisión final aún está pendiente.

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